@abogadodelmar

Conozco desde noviembre de 2005, cuando me fue confiada la defensa,  la absurda situación del deslinde del barrio marítimo de Oliva, incluido dentro del dominio público de manera tan arbitraria como incomprensible mediante una resolución de 7 de octubre de 1947 . Mi buen amigo Martí Deveses, excelente maestro de abogados y presidente de la asociación de vecinos hasta su fallecimiento, me exigió, me empujó y me estimuló a la hombrada casi milagrosa que era la anulación de aquel deslinde. Siendo sensible a sus deseos, inicié una investigación detectivesca de meses por entre legajos antiguos y textos legales polvorientos hasta dar con la clave que me permitía demostrar que la correspondiente resolución había sido dictada sin procedimiento y con vicios sobrados para ser anulada. La Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso aunque la sentencia lo declaró inadmisible por la única y más que dudosa razón del mucho tiempo transcurrido. 

El tiempo nos ha llevado hasta las fechas en las que nos encontramos, julio de 2018. Se trata de un momento crítico porque el día 28 se cumplen 30 años de la ley de costas y muchas concesiones se acaban. En concreto las pertenecientes a dos grupos: Las anteriores a la propia ley  (reguladas en la DT decimosexta del reglamento de costas) y las recogidas en su  DT primera, apartado segundo. Por tanto, es preciso reclamar lo que en cada caso proceda. En unos casos la prórroga del artículo 2 de la ley de reforma de la ley de costas, y en otros la propia concesión y también la prórroga (si de dan las condiciones legales para obtener la primera).

La situación de los vecinos de Oliva respecto a este acuciante problema es tan variada como equívoca. Siendo cierto que las viviendas de la calle Virgen del Mar se encuentran en el domionio público, también lo es que en los últimos años la Jefatura de Costas no sólo no ha iniciado una sola actuación tendente al derribo, sino que solía autorizar las obras de reforma sólo con una certificación del Ayuntamiento confirmando que el proyecto se ajustaba al planeamiento.

Personalmente, mi sorpresa ha sido encontrar que algunos vecinos son titulres de una concesión anterior a la ley de costas que ahora es preciso (y  urgente), renovar. Yo no pensaba que eso era así, puesto que cuando examiné el acta de replanteo sobre el terreno del deslinde de 1947, pude comprobar que los hitos se situaban en las esquinas interiores de diversas viviendas y propiedades preexistentes, lo que indica que el terreno sobre el que se alzaban era perfectamente privado antes del deslinde. La conversión de estas propiedades en concesión a partir de la entrada en vigor de la ley de costas podía ser una consecuencia que estuviera clara en mi mente, pero nunca he creído que ésta fuera también la idea de la Administración. En cuanto a las concesiones anteriores incluso al primer deslinde, es algo que por lass razones dichas no he terminado de entender.

En todo caso, es dramáticamente urgente  reclamar los derechos que en cada caso correspondan.  No obstante, aquí es donde nacen los problemas, porque cada vecino tiene una situación, una documentación y una historia diferente. A saber: Los hay que están en posesión de una escritura de propiedad pero la Jefatura de Costas exige nada más y nada menos que renuncia a la misma y que los interesados soliciten una concesión, con las tenebrosas advertencias correspondientes en caso de desobediencia. Los hay que tienen una concesión anterior a la ley de costas y han de reclamar su prórroga. Los hay que tienen escritura de propiedad y al mismo tiempo (extraño pero cierto)  documento de concesión. Los hay que no tienen nada y han de argumentar en derecho lo preciso para que la Administración les otorgue una concesión. 

Hace tiempo solía yo repetir que la lucha colectiva contra la ley de costas no se podía llevar adelante con éxito sin inteligencia. En este momento de urgencia grave para los vecinos de Oliva digo que la adecuada defensa de sus derechos confesionales no puede llevarse adelante sin rigor.  En este caso rigor documental y rigor en las razones y argumentos legales.

El 28 de enero de 2018, después de una primera oleada de solicitudes de prórroga, publiqué en mi blog y en la web de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas un artículo llamado 2018: HOLOCAUSTO FRENADO ( https://costasmaritimas.wordpress.com/2018/01/25/2018-holocausto-frenado/). En él aludía a la coyuntura que está a punto de consumarse y advertía  del riesgo de tratar el tema con frivolidad pensando que las gestiones a desenvolver podrían ser solventadas mediante uno o dos escritos tipo para dirigir a la Administración. Esa fórmula sería desde luego divina en el caso de que los escritos en cuestión  tendieran a solventar una o dos situaciones uniformes, pero no el abigarrado mosaico de las que pueden darse. 

Para ir al grano: La Administración no va a regalar un concesión por su divina benevolencia sólo con el único requisito de que el vecino así lo solicite, y menos con el actual gobierno socialista. Una vez, con motivo de un escrito judicial, contabilicé hasta nueve posibles situaciones distintas de los particulares después de un deslinde (incluyendo no sólo la concesión indemnizatoria sino también el derribo). Quien no tenga concesión está obligado a desplegar los argumentos legales  precisos para convencer a la Administración de que debe otorgársela. Quienes hayan obtenido su título por donación o herencia y se limiten a presentar una solicitud tipo, pueden encontrarse sin nada. Los vecinos que estén en esa situación deberían consultar su tema a algún abogado que exponga las razones legales que permitan superar ese grave inconveniente. Quienes son propietarios en la actualidad pero no lo eran a la entrada en vigor de la ley de costas, también pueden encontrarse sin nada y también deberían consultar con un abogado capaz de aportar los argumentos correspondientes. Quienes se encuentren en la rara situación de tener escritura y al mismo tiempo concesión, deben optar entre un título y el otro y presentar argumentos y razones distintos según sea su opción. 

Como Abogado, por razones elementales de deontología profesional, ni puedo ni debo decirle lo que deben hacer o de lo que se deben abstener a los afectados que no me hayan hecho una consulta personal. No obstante, como secretario y asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, es mi responsabilidad proteger y advertir a los asociados, como lo es el colectivo de Oliva desde la fundación de la Plataforma. Hoy mismo, en una agradable conversación, la Sra. Presidenta me ha acordado esa obligación. Y también, por supuesto, debo informar adelantándome a los acontecimientos en virtud de mi carácter de Abogado de la asociación de vecinos, pues continúo en ese carácter según también acaba de decirme la Sra. Presidenta en la misma conversación.

Y en lo que se refiere a advertencias y cuidados, cuando antes he aludido a dos tipos de situaciones en las que los afectados se pueden quedar sin nada, añado que esa nada no puede prolongarse indefinidamente porque las ocupaciones del dominio público, o bien se legalizan mediante concesión, o bien serán objeto de recuperación posesoria que terminará con algo tan triste y doloroso como una demolición. 

Cierto que no estuve presente en la recientísima asamblea donde se habló de todo esto  para informar a los vecinos en estos mismos términos, lo que habría sido mucho más práctico y, en su caso, habría permitido que los afectados llevaran sus papeles sin esperar a más, ya que cada minuto cuenta. Debo decir en mi descargo que  mi ausencia se debió a que, pese a mi carácter de Abogado de la asociación (y de la Plataforma), no fui invitado. 

@abogadodelmar

Me sobresalté al encontrarme con una cámara de TV y un micro con pertiga, todo apuntando hacia mi, nada más salir del pequeño aeropuerto de La Palma, donde los aterrizajes en el pequeño Binter, mientras el cacharro se aproximaba a la reducida  explanada en una ladera rodeada eevplataneras, siempre me había llevado un aroma de aventura.

No es una pose: Es que venía de meterme en líos en otra isla y ya no me acordaba de que EL ESCARABAJO VERDE venía conmigo para filmar todos mis pasos.

Excesivo para mí: Se lo tomaron tan en serio que estuvieron grabando el solemne momento de mi inscripción en el hotel, y su intención era meter la cámara dentro de la habitación para capturar yo no sé qué momentos. Muy halagador para los egos flotantes pero para mí lo que digo: Excesivo.

Lo de la habitación no se hizo por falta de tiempo pero se desquitaron poniendo el trípode mientras me tomaba un café con Efrain en Santa Cruz antes de visitar al Presidente del Cabildo,l. De todo esto,  lo importante fue la reunión con los pobres vecinos de la Bombilla, unas cuatrocientas familias amenazadas con el derribo de sus aún más pobres chabolas.

También tuve ocasión de maldecir un poco en una entrevista  por la mañana, al salir del Cabildo, y eso fue todo.

EL ESCARABAJO VERDE volvió a llamarme algún tiempo después, cuando me puse borde con CAIRN ENERGY, la multinacional petrolera que quería cultivar hidrocarburos en el Golfo de Valencia. Me hicieron viajar a Castellon para grabar una entrevista que luego no emitieron. No es que la recortaran: Es que no la enitieron. Pero en fin, esto es algo que no importa.

Esos años fueron para mí extraordinariamente mediáticos. Cosas como ésta me pasaban continuamente con televisiones de Europa y de aquí. Fue una especie de extraño y no esperado fogonazo de fama que, aunque agradable, yo nunca había buscado. Todo lo que hacía era luchar y mientras vivía concentrado en la lucha de vez en cuando me venía a ver una tele, incluyendo una cadena de Bulgaria interesada en producir un documental sobre lo mal que se habían hecho las cosas en España para lo repetir ellos en su incipiente desarrollo turístico en el Mar Negro.

Todo eso estaba muy bien y era muy majo. Iba saltando de isla en isla y en todas partes me recibían como una especie de héroe popular. Una vez hice un periplo Las Palmas/La Palma/Palma. Allí, en Mallorca, llené un teatro y todo era genial y estupendo.

Hace algunos años que esa fase de mi vida ha terminado y esto no me produce ni un poco de melancolía. No echo de menos la atención de los medios de comunicación porque cuando la tenía no la buscaba ni la necesitaba. Era simplemente algo que sucedía.

La vida parece ser que de va construyendo en episodios , épocas o fases y ahora toca otra cosa. Lo de entonces estaba muy bien y lo de ahora también.

He dicho!

Jose Ortega 

Abogado

www.costasmaritimas.es

@ abogadodelmar

Tú dijiste:

– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? 

– Escucha lo que te digo

y, cuando lo oigas, ¡medita!

Ésta es para ti la señal:

la de que, aunque avances,

verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

Cuánta inhumanidad, cuánta miseria, cuánta bajeza, cuánto desprecio, cuánta ausencia de compasión, cuánta ruindad, cuánta maldad, cuánta mentira, cuánta degradación.En mi larga y penosa vida profesional había visto muchas conductas torcidas pero ninguna como ésta.

Este momento de triunfo le va a saber a hiel. Pedid por quien vosotros sabéis, porque sufre. Es según dicen una persona insegura y llena de complejos y está sufriendo. Su éxito es su fracaso y su victoria su infierno. 

No durará mucho. Su hazaña se la tragará y dentro de poco perderá la capacidad de hacer daño que hoy tiene. 

Morirá experimentando el aislamiento y el desprecio.

@abogadodelmar

Desgraciadamente tenemos iba situación de bloqueo en las diligencias previas porque el Fiscal las reclamó y no las devuelve. Estoy totalmente desesperado porque con esto el juez de instrucción lleva meses sin poder  instruir. Esto es algo muy anormal porque el Fiscal rara vez se interesa por unas diligencias previas pero me han dicho por ahí  que este raro interés deriva de que esta inestigabdo a Sindo por otros asuntos.desisto de la denuncia contra el en un intento algo ingenuo  (porque el fiscal investiga de oficio) de que devuelva por fin las diligencias previas.
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 867/15AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE GÜÍMARIRMA AMAYA CORREA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de laasociación de Vecinos de Bajo la Cuesta Risco Las Tablas representada por su presidente D.Antonio Oliva Delgado , según consta acreditado en autos, comparezco y, como mejor procedaen derecho, DIGO: Como es sabido la Fiscalia reclamó las presentes diligencias previas que en la actualidad y desde hace meses continúa reteniendo. Según noticias oficiosas esto podría deberse a que el Fiscal estaría investigando la comisión de otros posibles delitos contra D. Gumersindo García Trujillo denunciado en esta causa. Esta parte se dirigió a la Fiscalía a efectos de pedir que se agilizase la devolución de las dilgencias previas al Juzgado sin respuesta ni resultado. A vista de ello se acaba de presentar ante el Consejo General de Poder Judicial ya que esta coyuntura está impidiendo al Juzgado instruir y a esta parte el acceso efectivo a la tutela judicial efectiva. No obstante, y considerando  de que supuestamente el interés del Fiscal es la conducta de D. José Gumersindo, mediante el presente escrito interesa que se tenga por apartada de la denuncia formulada contra el mismo, que en realidad ya carece de objeto al obedecer a un Decreto de desalojo que no ha sido ni puede ya ser ejecutado. 

En su virtud, SOLICITO AL JUZGADO: Que me tenga por apartada de la denuncia contra D. José Gurmensido García Trujillo. 

Güímar, 8 de junio de 2016 

  Jose Ortega Ortega Abogado, colegiado núm. 4941
Web www.costasmaritimas.es

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DILIGENCIAS PREVIAS Nº 867/15

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE GÜÍMARIRMA AMAYA CORREA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de laasociación de Vecinos de Bajo la Cuesta Risco Las Tablas , según consta acreditado en autos, comparezco y, como mejor procedaen derecho, DIGO: Como es sabido la Fiscalia reclamó las presentes diligencias previas que en la actualidad y desde hace meses continúa reteniendo. Según noticias oficiosas esto podría deberse a que el Fiscal estaría investigando la comisión de otros posibles delitos contra D. Gumersindo García Trujillo denunciado en esta causa. Esta parte se dirigió a la Fiscalía a efectos de pedir que se agilizase la devolución de las dilgencias previas al Juzgado sin respuesta ni resultado. A vista de ello se acaba de presentar ante el Consejo General de Poder Judicial ya que esta coyuntura está impidiendo al Juzgado instruir y a esta parte el acceso efectivo a la tutela judicial efectiva. No obstante, y a vista de que supuestamente el interés del Fiscal es la conducta de D. José Gumersindo, mediante el presente escrito interesa que se tenga por apartada de la denuncia formulada contra el mismo, que en realidad ya carece de objeto al obedecer a un Decreto de desalojo que no ha sido ni puede ya ser ejecutado. En su virtud, SOLICITO AL JUZGADO: Que me tenga por apartada de la denuncia contra D. José Gurmensido García Trujillo. Güímar, 8 de junio de 2016 

  Jose Ortega Ortega Abogado

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​JOSE ORTEGA & ABOGADOS ASOCIADOS tiene implantado un protocolo de seguridad en Protección de Datos. Para ejercitar los derechos derivados del art. 5 (modificación, cancelación, oposición u acceso) diríjase a Plaza Mariano Benlliure, nº21-1-1, El Puig (46540) Valencia.
​Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo.​

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​​@abogadodelmar

  
Motiva el presente informe la inquietud causada en el sector por rumores con arreglo a los cuales los armadores que hubieran sido sancionados por la comisión de una falta administrativa no podrían acceder a determinadas ayudas del FEMP.
La legislación aplicable es la siguiente:
Articulo 2 del Real Decreto 1173/2015:
 Causas de inadmisibilidad de solicitudes.

1. No podrán optar a la ayuda del FEMP por paralización definitiva o temporal quienes se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (UE) N.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, y durante el periodo de tiempo previsto en aplicación del mismo.

En este sentido, no podrán obtener ayuda quienes hubieran sido sancionados con la imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en el título V de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, y, en su caso, por la normativa de las comunidades autónomas.

2. Igualmente, no podrán acceder a ayudas quienes se encuentren incursos en alguna de las prohibiciones para tener la consideración de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 10 del Reglamento (UE) N.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014
Admisibilidad de solicitudes 
1. Las solicitudes presentadas por los operadores no podrán optar a la ayuda del FEMP durante un período de tiempo determinado, establecido de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, si la autoridad competente del Estado miembro hubiere comprobado que los operadores de que se trate: a) han cometido una infracción grave con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) no 1005/2008 del Consejo (1), o al artículo 90, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1224/2009; b) han estado involucrados en la explotación, gestión o propiedad de buques pesqueros incluidos en la lista de buques INDNR de la Unión contemplada en el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1005/2008 o de buques que enarbolen el pabellón de países considerados terceros países no cooperantes según se establece en el artículo 33 de dicho Reglamento; c) han cometido infracciones graves de la PPC definidas como tales en otros actos legislativos adoptados por el Parlamento Europeo y el Consejo, o d) han cometido alguno de los delitos establecidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y el Consejo (2), cuando se presente una solicitud de ayuda con arreglo al título V, capítulo II, del presente Reglamento. 2. El beneficiario deberá seguir cumpliendo las condiciones contempladas en el apartado 1, letras a) a d), después de presentar la solicitud y durante todo el período de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la realización del pago final a dicho beneficiario

3. No serán admisibles durante un período de tiempo determinado fijado con arreglo al apartado 4 del presente artículo, aquellas solicitudes presentadas por operadores a quienes la autoridad competente del Estado miembro haya considerado culpables de cometer fraude, según la definición del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (1), en el marco del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) o el FEMP. 4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 126 sobre las cuestiones siguientes: a) la determinación del período de tiempo contemplado en los apartados 1 y 3 del presente artículo, que será proporcional a la naturaleza, gravedad, duración y reincidencia de la infracción grave, del delito o del fraude, y que será de un año como mínimo; b) las fechas de inicio y final pertinentes del período mencionado en los apartados 1 y 3 del presente artículo. 5. Los Estados miembros exigirán a los operadores que soliciten ayudas al amparo del FEMP la presentación a la autoridad de gestión de una declaración firmada en la que confirmen que cumplen los criterios enumerados en el apartado 1 del presente artículo y declaren que no han cometido ningún fraude en el marco del FEP o del FEMP con arreglo al apartado 3 del presente artículo. Los Estados miembros se cerciorarán de la veracidad de la declaración antes de aprobar la operación, a tenor de la información disponible según el registro nacional de infracciones a que se refiere el artículo 93 del Reglamento (CE) no 1224/2009 o cualesquiera otros datos disponibles. A efectos de la aplicación del párrafo primero, un Estado miembro facilitará, a petición de otro Estado miembro, la información que conste en su registro nacional de infracciones según se contempla en el artículo 93 del Reglamento (CE) no 1224/2009. 
Artículos 93 y 105 de la ley de Pesca Marítima del Estado:
Artículo 93 Prescripción de infracciones y sanciones

1. Las infracciones administrativas previstas en la presente ley prescribirán: en el plazo de tres años las muy graves, en el de dos años las graves y en el de un año las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente.
De las sanciones

Artículo 105 Clases
1. Las sanciones que pueden aplicarse por la comisión de las infracciones previstas en la presente ley son las siguientes:
a) Apercibimiento.

b) Amonestación pública.

c) Sanción pecuniaria.

d) Asignación de puntos conforme a la normativa en vigor.

e) Inhabilitación para el ejercicio o desarrollo de actividades pesqueras.

f) Decomiso de artes, aparejos o útiles de la pesca.

g) Decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones.

h) Suspensión, retirada o no renovación de las autorizaciones, licencias o permisos.

i) Imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas.

j) Incautación del buque.

k) Inmovilización temporal del buque.

l) Suspensión del estatuto de operador económico autorizado.

m) Reducción o anulación de los derechos o posibilidades de pesca.
Todas ellas podrán imponerse con carácter principal, acumulándose cuando proceda.
Con arreglo al anterior marco legal, mis conclusiones son las siguientes:
En nuestro ordenamiento jurídico, la pérdida del derecho a la obtención de ayudas oficiales constituye una falta administrativa y por lo tanto sólo puede imponerse previa tramitación del correspondiente expediente administrativo sancionador con todas sus garantías. Esto no conduce por sí a que el Reino de España ignore la reglamentación de la Unión Europea, sino que la misma debe aplicarse con las condiciones y garantías preestablecidas en nuestras leyes. Una de esas garantías viene recogida en el artículo 9.3 de la Constitución, cuando se garantiza la no retroactividad de las disposiciones favorables. En este caso, ello significa que el Reglamento Europeo no puede aplicarse a situaciones nacidas en el pasado y en concreto a sanciones de pérdida del derecho a obtención de ayudas públicas que en su caso se hubieran impuesto. A este respecto considero equívoca la redacción del Reglamento Europeo cuando afirma lo siguiente:
Si la autoridad competente del Estado miembro hubiere comprobado que los operadores de que se trate: a) han cometido una infracción grave (…)
Como podemos ver, el sentido gramatical de la frase parece referirse al pasado, pero en cualquier caso debe interpretarse de conformidad con los derechos fundamentales de la persona recogidos no solamente en nuestra Constitución sino también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo contenido por cierto forma parte del derecho europeo como principios inspiradores tal como establece el artículo 6.2 de la la versión consolidada 2012 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea al afirmar que “la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”. Texto del artículo 7 del Convenio:
No hay pena sin ley 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
De aquí que sea imposible, no sólo desde el punto de vista del derecho español sino también del derecho de la Unión Europea, interpretar el Reglamento que se transcribe en el sentido de que las limitaciones incorporadas al mismo puedan venir referidas al pasado.
De acuerdo con lo anterior, la prohibición de acceder a ayudas del FEMP no podrá ser aplicada en los siguientes casos:
a).- Sanciones por faltas aplicadas con anterioridad al Reglamento Europeo, incluyan o no la pérdida del derecho a percibir ayudas.

b).- Sanciones que puedan aplicarse en el futuro que no incluyan la pérdida del derecho a percibir ayudas.
Incluso aunque pudiera interpretarse que €€€

— 
 

Vanessa Sansó Devis

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Despacho de José Ortega

Derecho de costas marítimas

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ADVERTENCIA:

Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado en la comunicación proceda al borrado y/o destrucción de la información contenida en el mismo. JOSE ORTEGA & ABOGADOS ASOCIADOS se mantendrá indemne frente a cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 15/1999 por parte de terceros.La finalidad de uso de los datos personales será acorde al adecuado cumplimiento del encargo realizado y demás gestiones conexas.
​JOSE ORTEGA & ABOGADOS ASOCIADOS tiene implantado un protocolo de seguridad en Protección de Datos. Para ejercitar los derechos derivados del art. 5 (modificación, cancelación, oposición u acceso) diríjase a Plaza Mariano Benlliure, nº21-1-1, El Pu

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@abogadodelmar
Tú dijiste:

– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo

y, cuando lo oigas, ¡medita!

Ésta es para ti la señal:

la de que, aunque avances,

verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR
A LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
IRMA AMAYA CORREA, Procurador de los tribunales, en nombre y representación de asociación de vecinos Bajo la Cuesta – Risco ls Tablas, como ya consta, comparezco y DIGO:

 Que, teniendo presentada denuncia a consecuencia de diversas actuaciones administrativas relativas al barrio de Bajo la Cuesta (Candelaria) , así como varias ampliaciones de dicha denuncia, mediante el presente escrito formulo nueva ampliación en los términos que a continuación se exponen: 

PRIMERO. Con fecha 24 de noviembre de 2015 la alcaldesa de Candelaria dictó decreto número 4275/¨2015 en expediente número 55 48/ 2015, que se tramita al objeto de requerir a los propietarios de una parte el acantilado existente el bajo la cuesta, don Juan García Coello y Doña María Miranda Pérez a fin de que procedan a su reparación y aseguramiento. Acompaño copia como documento probatorio núm. 1. 

SEGUNDO. Según Costa textualmente el Decreto, los interesados presentan alegaciones de Defensa manifestando que el terreno había sido vendido en 1994 y en documento privado a una sociedad mercantil llamada DANI RAN SL. El ulterior intento de notificación del requerimiento a la sociedad la cuestión resultó frustrado.

Sin perjuicio de que con arreglo al derecho la tramitación debe continuar con los arriba mencionados, ya que el artículo 32 de la ley hipotecaria establece que lo no inscrito en el Registro de la Propiedad no afecta a tercero (y así lo manifiesta, con buen criterio, el Decreto de Alcaldía), resulta notable y llama la atención que una compañía inmobiliaria pueda tener interés en un terreno que constituye una superficie prácticamente vertical, no siento por lo tanto hábil para construir sobre la misma.

La mercantil en cuestión fue fundada en Los Llanos de Aridane, aunque posteriormente establecido su domicilio social en la laguna. Los platos que hemos podido obtener son los siguientes:

Dani Ran sl es una empresa constituida el 25/10/1993 en Llanos de Aridane (los), Santa Cruz de Tenerife. Su CNAE es Agentes de la propiedad inmobiliaria. La actividad principal de Dani Ran sl es Agencias inmobiliarias, administradores de fincas.

Dani Ran sl está inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. El capital social de esta empresa está en el tramo de 3.501 – 10.000€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 1 y 250.000€.

Dani Ran sl es una empresa dedicada a La Compraventa de Bienes Inmuebles e Inmuebles, Asi Como la Promocion y Explotacion de Los Mismos; la Promocion y Explotacion de Establecimientos de Hosteleria, Tales Como Bares, Cafeterias, Restaurantes y Similares.-. Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/10/2013, en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Boletín 196, Referencia 439326. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 26/09/2013, Tomo 1002, Folio 89, Sección 8, Hoja 7090, Inscripción B.

Por otro lado, la última modificación no mercantil de Dani Ran sl ha sido Nueva información de crédito, el 15/10/2015.

Datos de contacto de Dani Ran sl

Dirección del domicilio social de Dani Ran sl: SAN CRISTOBAL, 28.- LLANOS DE ARIDANE (LOS), SANTA CRUZ DE TENERIFE

La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Santa Cruz de Tenerife Dani Ran sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, …), mercantil, financiera y de riesgo sobre Dani Ran sl , ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Dani Ran sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.

TERCERO. No teniendo sentido alguno tiene una compañía inmobiliaria muestre interés en invertir dinero en un suelo sobre el cual nunca se podrá construir, nos encontramos con que la única manera de devolver la operación a los términos de la racionalidad es la turbia operación urbanística para que se refiere la presente denuncia. Recuerdo que la misma alude la posible intención secreta de construir una gran urbanización con un puerto deportivo en la zona de Bajo la Cuesta. Esta obra podría haberse concebido a imagen y semejanza de la cercana Radazul, donde como es sabido los promotores hicieron importante desmontes a fin de que los acantilados dejasen sitio a los edificios. Ya se dijo con la denuncia que esa posible futura urbanización de Bajo la Cuesta debería incluir el desmonte y aseguramiento definitivo del acantilado.Si esto es así nos encontraríamos ante un testimonio más de la conspiración denunciada, ya que desde 1994 al menos existiría un plan para llevar a buen fin la urbanización.

Contribuye al convencimiento de pudiera existir irregularidades la circunstancia anormal de que desde 1994 la transmisión no haya sido elevada escritura pública. Este extraño modo de proceder sugiere que el comprador desea mantener su identidad oculta. Por lo tanto nos encontramos ante una operación doblemente anormal, a saber: 

-De un lado, una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles y se supone que a la construcción, invierte dinero en un terreno vertical sobre el cual nunca se podrá construir.

-de otro lado, Y en contra de toda norma de prudencia, la sociedad en cuestión no eleva a escritura pública el documento privado de adquisición.

Esto, que de ordinario no dejaría de ser una actuación simplemente rara, adquiere gran significación en el contexto en el que nos encontramos, por lo cual considera esta parte que debería la Fiscalía investigar la operación, recabando información sobre la sociedad a la que acabo de referirme y sobre la identidad y trayectoria de su administrador legal. La investigación debería ampliarse para terminar, en su caso, los posibles vínculos familiares que pudieran existir entre el administrador legal y alguno o algunos de los funcionarios públicos que tienen o ha tenido poder de decisión sobre el futuro el barrio Bajo la Cuesta. Siempre bajo el superior criterio de la propia Fiscalía, se sugiere la posibilidad de utilizar como base esa investigación el primer apellido del administrador legal y el lugar de fundación de la sociedad, discriminando si alguno o algunos de los funcionarios pudiera tener vinculación con la sociedad por ejemplo por razón de ser natural de la isla de La Palma.
En su virtud, 
SOLICITO A LA FISCALÍA: que tenga por ampliada la denuncia en los términos que anteceden y se sirva hacer extensiva de Investigación a la operación de compraventa para que se refiere el cuerpo este escrito.