El propósito de la ley de costas es excelente, pero España no se puede permitir despejar las playas de edificaciones porque carece de medios económicos para abonar las indemnizaciones. Esto ha conducido a un doble mecanismo: Por un lado se estableció la concesión como compensación y por otro se introdujeron distintos subterfugios para vaciarla de contenido y dar lugar a una expropiación sin indemnización o con indeminzación insuficiente.

No luchar contra esa situación es permitir que los derechos civiles se disipen en el aire.

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