QUEJA AL PARLAMENTO EUROPEO enero 30, 2008

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

30 DE ENERO DE 2008

parlamento-europeo

AL PARLAMENTO EUROPEO

COMITÉ DE PETICIONES

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, Avenida de Valencia núm. 26 puerta 25 (46540 Valencia), de nacionalidad ESPAÑOLA, en representación de las siguientes personas físicas y jurídicas:

(…)

Todas estas personas son de nacionalidad española, excepto ………………….., de nacionalidad alemana. A los efectos del apartado 2 del artículo 191 del reglamento del Parlamento, no se hace constar el domicilio de estas personas porque comparecen bajo representación.

Comparezco y DIGO:

Que, mediante el presente escrito, FORMULO RECLAMACIÓN CONTRA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA POR APLICACIÓN ABUSIVA, ARBITRARIA Y RETROACTIVA DE LA LEY DE COSTAS DE 28 DE JULIO DE 1.988, VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LIBRE ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS Y VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DOMICILIO.

Se acompaña a este escrito informe en lengua inglesa, extenso y motivado, bajo el título ABUSIVE APLICATION OF THE LAW OF THE COASTS. El informe es un estudio general y se refiere a una variedad de casos de aplicación indebida o abusiva de la ley. Los hechos que se denuncian están siendo objeto de escándalo, sufrimiento moral y económico y graves perjuicios no solo para ciudadanos españoles, sino también para otros ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 192 del reglamento del Parlamento Europeo, interesa a esta parte que por la comisión de peticiones se proceda a la creación de un registro electrónico a través del cuál los ciudadanos puedan sumarse a esta queja, así como el envío de miembros de la comisión a los diversos lugares donde han tenido o están teniendo lugar los hechos denunciados, a fin de comprobarlos.

Los hechos que se denuncian constituyen vulneración de las siguientes normas:

-Artículo 9, apartado tercero, de la Constitución Española, en un triple aspecto: a) En cuanto prohíbe la aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos b) En cuanto prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y c) En cuanto garantiza la seguridad jurídica. Los hechos denunciados comprenden la aplicación retroactiva de la ley de costas y su reglamento, lo que violenta la seguridad jurídica y constituye una actuación arbitraria. A esto se suman otras acciones arbitrarias, como por ejemplo la aplicación de la ley con criterios opuestos dependiendo del caso de que se trate, o la negativa a reconocer determinados derechos de concesión, cuando los propietarios pierden su propiedad como consecuencia de un deslinde del dominio público.

-Artículo 14 de la Constitución Española, en cuanto garantiza a los ciudadanos la igualdad ante la ley, ya que se están produciendo aplicaciones de la ley de costas desiguales, incluso con criterios opuestos, en función de las conveniencias o el capricho de la Administración.

-Artículo 33, apartado tercero, de la Constitución Española, en cuanto se está dando lugar a expropiaciones sin indemnización y art. 17 apartado segundo de la Declaración Universal de los derechos del hombre, cuando garantiza que “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Las actuaciones que se denuncian, y que conducen a la pérdida de la propiedad, tienen carácter arbitrario.

-Artículo 44, apartado segundo, letra e) del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en cuando se está restringiendo el derecho de los ciudadanos europeos a la “adquisición y el aprovechamiento de propiedades inmuebles situadas en el territorio de un Estado miembro por un nacional de otro Estado miembro”. La situación que se denuncia impide a los ciudadanos de la Unión Europea el aprovechamiento de las propiedades inmuebles que han adquirido en España.

El art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en relación con el art. 47 de la Constitución Española, en cuanto que los afectados por los hechos que se denuncian están siendo privados de los inmuebles que constituyen sus domicilios, lo que constituye el peor caso de injerencia. Los Tribunales de España interpretan este derecho en sentido amplio, considerando que el mismo queda violado incluso por la emisión de olores o ruidos molestos, por lo que nada se opone a la consideración como tal de esta injerencia extrema constituida por la privación arbitraria del domicilio propio. Ha de tenerse en cuenta que la aplicación de la ley de costas está llevando a que quedan privadas de sus viviendas muchas personas que han contraído una hipoteca, a veces por importes altísimos, para la adquisición de la misma. Después de aprobado el deslinde, perderán la propiedad y, si se cumplen las anunciadas intenciones de la Dirección General de Costas, las viviendas serán demolidas a cambio de una indemnización mínima, y probablemente ridícula, por el valor del ladrillo, con lo que los afectados se verán expulsados de sus viviendas pero deberán seguir pagando la hipoteca. Esto les impedirá la adquisición de una nueva vivienda y por eso, en la práctica, los hechos que denunciamos están impidiendo o van a impedir en muchos casos la mera posesión de un domicilio, lo que constituye desde luego una violación de derechos fundamentales. Interesa que se interprete la reclamación, por lo tanto, en este sentido, ya que en muchos casos el perjuicio no se queda en una lesión del derecho de propiedad, sino que alcanza al derecho a gozar de una vivienda digna.

En su virtud,

SOLICITO: Que, teniendo por presentado este escrito, junto al informe que se acompaña, lo admita a trámite, inicie la correspondiente investigación, enviando a España una comisión de parlamentarios para estudiar los hechos y reclamando las comparecencias que sean precisas, y dicte resolución por la que se declare que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de España está aplicando la ley de costas de manera retroactiva, arbitraria y abusiva, con perjuicio del derecho de propiedad, a la igualdad, al domicilio, a la seguridad jurídica y a la exclusión de la arbitrariedad.

Bruselas, 1 de febrero de 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *