José Ortega fundó la Plataforma no para penar dentro de España, sino para presentar una queja en el Parlamento Europeo.  La presentación de esta queja, que tuvo lugar en 2008, abrió la puerta a que muchos otros afectados hicieran lo mismo.

Lo que se presentó en la Comisión de Peticiones el 1 de febrero de 2008 no fue una denuncia caprichosa, sino un informe extenso y razonado que ponía de relieve la vergüenza de la aplicación abusiva de la ley de costas. Obtuvo una respuesta muy rápida y enérgica del Parlamento Europeo, que en 26 de marzo de 2009 aprobó una declaración dejando constancia de que España estaba aplicando la ley de costas de forma abusiva y con una indemnización insuficiente.

De forma paradójica, después de que el Parlamento formulase aquella declaración, la Comisión Europea llevó un dictamen jurídico que pretendía que las instituciones europeas carecían de competencia para estudiar el problema de la ley de costas española. El informe fue expuesto en la sesión de la Comisión de Peticiones de marzo de 2010. En la siguiente sesión, de mayo de 2011, el Parlamento Europeo aún no tenía un contrainforme.

En la actualidad el conjunto de las quejas está bloqueado, pero el fuerte impulso dado a la defensa colectiva ya no tiene vuelta atrás.