Monthly Archives: December 2015

ENTREVISTA A JOSE ORTEGA EN MEDITERRANEO TV

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

FUNDACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR
enero 11, 2008
EL PASADO DÍA 7 DE ENERO QUEDÓ CONSTITUIDA LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES, AGRUPACIONES Y PARTICULARES, QUE INTEGRAN APROXIMADAMENTE A 2.000 PERSONAS:

-Asociación de vecinos de Arenales del Sol (Elche).-Asociación de vecinos de Nules (Castellón).-Asociación de vecinos la Casbah (Valencia).-Asociación de vecinos Sol Naciente (Rocafell, Alicante).-Hotel Sidi Saler (Valencia).-Asociación de vecinos de primera línea de Oliva (Valencia).-Colectivo de vecinos de la playa las Deveses (Denia, Alicante). -Propietarios del restaurante Pepita (Sagunto).-Asociación de vecinos Varadero de Tazacorte (La Palma).-Asociación de vecinos Bajo la Cuesta-Risco de las Tablas (Tenerife). -Asociación de vecinos de la playa de Otur (Asturias). -Vecinos de las playas de Almardá y Corinto (Sagunto, Valencia).-Asociación de vecinos de Alboraya.-Asociación de vecinos de Puerto de los Molinos (Fuerteventura).-Vecinos de Puerto Lajas (Fuerteventura)-Agrupación de vecinos de Guardamar (Alicante)-Agrupación de vecinos de Playa Lisa y Gran Playa (Santa Pola). -Vecinos de la playa de Seselle (Ares, la Coruña).-Vecinos de playas de Villaviciosa (Asturias).

LA PLATAFORMA VA A SUSTENTAR LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FORMAL ANTE LA UNIÓN EUROPEA POR APLICACIÓN ABUSIVA DE LA LEY DE COSTAS. LA RECLAMACIÓN ESTÁ BASADA EN UN INFORME DE MÁS DE CIEN PÁGINAS QUE HE ELABORADO, ENUMERANDO DIVERSOS ABUSOS. NO OBSTANTE, CON CARÁCTER PREVIO SE HA ENTREGADO O O EN ALGNOS CASOS SE ESTÁ ENTREGANDO A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EN ESPAÑA:
-Gabinete del Presidente del Gobierno.

-Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente.

-Oficina del Defensor del Pueblo.
-Partido Socialista Obrero Español.
-Partido Popular.
-Izquierda Unida.
-Consejo General del Poder Judicial.
-Presidente de la Generalitat Valenciana.
-Presidente del Gobierno de Canarias.
-Grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.
-Grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias.
-Presidentes de los Cabildos Insulares de Canarias.
LA INTENCIÓN ES FOMENTAR UN DEBATE PÚBLICO SOBRE LOS LÍMITES RAZONABLES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN ESPAÑA.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR INFORMACIÓN EN ortega_abogados@hotmail.com

LA LEY DE COSTAS Y LA POSTCIVILIZACIÓN

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
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FARIDUDDIN ATTAR

Las-playas-de-Valencia-playa-Malvarossa
enero 11, 2008

La fundación en Valencia de una plataforma nacional de afectados por la ley de costas es una buena noticia en sí, porque indica que aún están por cumplir los objetivos de trocarnos de ciudadanos en títeres. Una sociedad capaz de reaccionar ante la ignominia es una sociedad viva. Una que se deja hacer está en proceso de descomposición. Así que enhorabuena para todos.
La aplicación de la ley de costas se ha transformado en muchos casos efectivamente en ignominia. Los fusilamientos sumarios, los consejos de guerra y las fosas comunes son cosas del turbio siglo XX. Lo que prevalece hoy en crímenes de Estado es hacer polvo a la gente con manipulaciones y sutilezas envueltas en una delicada apariencia de legalidad e impregnadas en un aroma de retórica democrática, como verán en seguida.
En contra de lo que se está diciendo, los problemas que denuncia la plataforma no se reducen a los derribos. Este modo de entender la cuestión pone de uñas a un sector social que considera a los propietarios de la primera línea como unos privilegiados a combatir, aunque vayan en alpargatas y aunque la casa, heredada de un bisabuelo, se venga abajo.
Vean: La ley de costas introdujo la importante novedad de que la simple aprobación del deslinde por decisión administrativa extingue la propiedad privada, sin que sea precisa, como antes lo era, la intervención de un juez. La competencia pertenece al Ministro, pero hace mucho tiempo que está delegada en el Director General de Costas, normalmente un ingeniero de caminos. Luego para empezar, usted pierde su propiedad por decisión de un ingeniero de caminos, es decir, de un lego en derecho.
Cuando la ley pasó por el Tribunal Constitucional acusada de causar una expropiación sin indemnización, el Tribunal declaró que se trataba más bien de una expropiación con una indemnización en especie, donde la indemnización consistía en una concesión por treinta años prorrogables por otros treinta, para que los antiguos propietarios pudieran permanecer en sus casas a título de concesionarios. El Tribunal además amplió los casos en los que podía recibirse esta concesión, proponiendo una interpretación amplísima y generosísima de la ley como único medio de no declararla inconstitucional. Nos encontramos, pues, ante un auténtico pacto social para hacer compatible el carácter público de las costas con el respeto a la propiedad privada.
Pero con este panorama la ley de costas se transforma en inútil, porque no sirve para limpiar las playas, o gran parte de ellas, ya que las viviendas permanecerán aún durante sesenta años, y paisajísticamente es indiferente que sean propiedad o concesión. Quizá por esto la Dirección General de Costas ha inventado un atajo de lo más simple: consiste en hacer caso omiso de toda petición de concesión que le entra, o al menos esa es mi experiencia (hace 25 meses que espero que me digan algo de la primera que presenté). Con esto fuerza a los ciudadanos a un penoso y caro procedimiento judicial que puede durar diez años o más en todas sus instancias, incluso aunque el reglamento de costas dice que si los interesados no solicitan la concesión, se otorgará de oficio, siendo el único modo de que no se otorgue la renuncia expresa.
La concesión es el justiprecio por una expropiación ¿Aceptaría la sociedad que el Estado expropiase los terrenos para el trazado del AVE sin pagar el justiprecio? ¿No sería esto motivo de escándalo? ¿No deberían dimitir los responsables? Esto es justamente lo que está sucediendo con la política de costas: Se arrebata la propiedad pero no se paga el justiprecio.
La Administración opone como motivo la carencia de medios para tramitar tantas solicitudes de concesión, como si eso fuera lo que llaman los ingleses un hecho de Dios, pero la disculpa evidencia una realidad más bien tenebrosa: que el Estado está dedicando el cien por cien de sus recursos humanos y materiales a remeter al interior la línea de deslinde y el cero por cien a compensar sus efectos. Creo que esta Dirección General de Costas, que se ufana de haber deslindado tantísmos kilómetros en tan poco tiempo, habría hecho mejor en dedicar algo así como el cincuenta por ciento de los recursos a hacer deslindes y el otro cincuenta por ciento a compensar los perjuicios. De esta manera podría también ufanarse de no pisotear los derechos de los ciudadanos.
Esto no es todo. Durante una entrevista que tuvo la amabilidad de concederme en el mes de junio, el Director General de Costas me trasladó su intención de rescatar las concesiones una vez otorgadas, puesto que el uso de vivienda está prohibido en el dominio público. Es cierto, pero la propia ley de costas establece la excepción al decir que la concesión se dará con el mantenimiento de los usos existentes hasta ese momento. Y si los usos son de vivienda, lo seguirán siendo. Dicho por la ley y ratificado y ampliado por el Tribunal Constitucional, así que no hay duda Por lo tanto, sepan ustedes que vivimos en un país en el que un ingeniero de caminos, canales y puertos, con su particular visión de hechos indiscutiblemente jurídicos, está llevándole la contraria a tan alto tribunal. Y por desgracia no es cualquier ingeniero: es el que decide.
Es curioso que la compensación por la expropiación se pueda expropiar a su vez, pero así es. Por cierto, que, según las previsiones del Director General, la expropiación del justiprecio también tiene un justiprecio, lo que quiere decir que está dispuesto a pagar los rescates de las concesiones, pero abonando solo el valor del ladrillo, porque, según dijo, el suelo es público. Por lo tanto, si se ven en esta situación y tienen la desgracia de haber contraído una hipoteca, después de recibir la calderilla que piensan pagarles, ustedes se quedarán sin vivienda pero deberán devolver el préstamo al banco, posiblemente mientras viven debajo de un puente, porque no creo que les queden ya recursos para comprarse otra.
No se me ocurre ninguna comparación histórica ni política para esta situación. No se la puede tachar de gestión africana, porque es demasiado sofisticada, ni de dictadura militar, porque los ingenieros visten de paisano, ni de tiranía ilustrada, porque la única ilustración de sus autores versa sobre el teorema de Bernouilli. Pero constituye la moderna ignominia, basada en la retórica democrática y en la apariencia de legalidad para conseguir cualquier fin sin reparar en los medios.
Disculpen si invento un término para referirme a ello. Lo voy a llamar postcivilización, porque supone una descomposición del sistema democrático y una deriva hacia algo que no es exactamente la barbarie, y que se parece más bien a un mundo que tiene parte del 1984 de Orwell y parte del Proceso de Kafka. Algo a lo que ya no podemos llamar civilización.
Como ven, el problema va más allá de que unos propietarios enfadados protesten la pérdida de sus casas. Queremos fomentar un debate público sobre la aplicación de la ley de costas, no perder el tiempo con análisis de encefalograma plano. Y no estoy dispuesto a admitir este reduccionismo simplón que solo sirve para ocultar los verdaderos problemas.
Personalmente me caben dudas de que España conserve la debida capacidad de autodepuración para corregir por sí males y errores tan enquistados como la política de costas, y por eso he aconsejado a mis clientes que presenten su queja en Bruselas, aunque antes se deje caer aquí, por respeto y por método. Tengo curiosidad por saber qué opinan en la Unión Europea de una postcivilizada España donde lo que priva es la expropiación sin indemnización, y en la que un único ingeniero de caminos, canales y puertos, además de permitirse la alegría de prevalecer sobre el propio Tribunal Constitucional, tiene potestad de decidir si los ciudadanos, en especial los comunitarios, se van a quedar pasando la mano por la pared.

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 18/01/08

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

 

imagen195686menero 18, 2008
Esta mañana nos hemos reunido con el Subdelegado del Gobierno en Valencia D. José Antonio Raposo, D. Guillermo Casanova y un servidor. Cuando el tema de la Plataforma salió a prensa recibimos un aviso urgente de la Subdelegación para que solicitáramos una reunión, y así lo hicimos. A continuación su discurso oficial consiste en que la reunión la pedimos nosotros. Pero esto carece de importancia. La realidad es que el Gobierno quería saber de qué va esto, y eligió el órgano administrativo de menor categoría posible para no reconocernos importancia y nivel. Tratándose de una plataforma nacional, y tratándose del conjunto de la Comunidad Valenciana, habría sido lógico que nos recibiera el Delegado y no el Subdelegado, pero esto es algo que ellos han evitado cuidadosamente.

Nuestra misión era transmitir que el movimiento que hemos iniciado no es un fuego fatuo que se enciende y se apaga enseguida, sino que está bien estructurado, tiene bases sólidas y se apoya en principios morales. Por eso no hemos admitido en la plataforma a los que están ocupando la playa sin derechos, que también los hay. Yo no tenía intención de levantar la voz, pero he debido hacerlo cuando han surgido los temas sensibles, como el derribo del Bar Pepita. La Jefa de la Demarcación de Costas, que estaba presente, ha defendido la legalidad del derribo, afirmando que la familia no tenía derecho a una concesión de treinta más treinta años, como marca la ley, y que eso es algo que había sido declarado por un juez. No es cierto, y en todo caso, le contesté que ella no es nadie para tomar esa decisión, puesto que la competencia corresponde a la Ministra, y por delegación al Director General. Un ingeniero de costas de la provincia no puede decidir por su cuenta si alguien tiene o no tiene derecho a una concesión de esta clase, y mucho menos puede actuar en consecuencia, poniéndose a derribar las instalaciones sin permitir que los interesados reclamen la concesión al órgano que sí es competente. Lo mismo sucede con la sentencia. EL TSJ resolvió sobre la recuperación posesoria, pero en el juicio los abogados no plantearon el derecho de concesión de los 30 + 30 años. Ni tampoco podía decidir, porque tampoco es su competencia. El tribunal competente es la Audiencia Nacional. Por tanto, incluso aunque el TSJ hubiera estudiado el asunto y decidido en contra, la sentencia habría sido nula. En resumen: La jefa de costas de Valencia no es quien para suplantar a la Ministra al decidir sobre una concesión de 30 + 30 años, lo mismo que el TSJ tampoco lo es para suplantar a la Audiencia Nacional para decidir sobre el mismo asunto. Pero vivimos en un país en el que los ingenieros de costas hacen lo que quieren.

Hemos dirigido reproches sobre asuntos que han hecho enmudecer a nuestros interlocutores, especialmente a la Jefa de Costas, que es la que debía haber contestado. Le he explicado al Subdelegado que los ingenieros de costas son conquistadores de territorios como Hernán Cortés, y le revelado, solo como ejemplo, el extraño caso de la playa de Corinto, en Sagunto, donde primero se hizo un deslinde remetiendo al interior la línea porque la playa era regresiva, es decir, que el mar había avanzado sobre la tierra, y solo después de que los vecinos hubieran perdido sus propiedades se va a proceder a una regeneración de la playa, alejando de nuevo el mar y por tanto eliminando los motivos que hicieron meter al interior la línea de deslinde. He definido esto como FRAUDE. Ninguna protesta. Ningún comentario.

El tema del futuro paseo marítimo de la playa Almardá ha terminado siendo interesante. Le comenté a D. Luis Felipe que se está manteniendo este proyecto en secreto para los vecinos, porque la Administración no desea que éstos se enteren y se pongan a hacer alegaciones. Le he dicho que por más que acudían a Costas a enterarse, nadie les informaba, y que el art. 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo garantiza que a estas personas se les avise de todo. Es curiosa la energía con la que la Jefa de Costas ha negado que hubiera proyecto de paseo marítimo ni paseo marítimo en absoluto. Ante una negativa tan cortante, le he preguntado por qué han estado apareciendo por la zona topógrafos e ingenieros tomando datos de campo y haciendo fotografías, y cuando los vecinos les preguntaban, contestaban que era para el futuro paseo marítimo. También e he preguntado cómo es que le pregunté tiempo atrás al ingeniero de la Demarcación de Cistas de Valencia, Jaime Almenar, si estaba dibujando él el paseo marítimo, y me dijo que sí; si me lo podía dejar ver, y me contestó que no, y si el proyecto iba a perjudicar a los vecinos, y evitó contestarme, diciendo que eso no me lo podía decir. Entonces, y solo ante esa evidencia, la Jefa de Costas dijo que no había paseo marítimo, sino SENDA PEATONAL, que es el eufemismo que ahora emplea la Administración para, por lo visto, burlar las limitaciones legales que sufren los paseos marítimos. “Si tengo que organizar todo este lío de prensa y esta audiencia con el Subdelegado del Gobierno para enterarme por fin de eso, la cosa no va bien”, le contesté.

Otra cuestión ha sido la relativa a los informes geomorfológicos. He acusado a Costas de que primero toman la decisión de por dónde debe ir la línea, y luego piden a unos técnicos que lo justifiquen. Ninguna protesta. Ningún comentario. He acusado a los autores del estudio geomorfológico del deslinde del Saler de utilizar el procedimiento de copiar y pegar, tomando información de una página web sujeta a copyright. La jefa de costas no lo ha desmentido. El Subdelegado del Gobierno lo ha disculpado afirmando que se trata de un procedimiento habitual de hacer informes, y que habrá que ver si los resultados finales son científicos o no.

Es curioso. Después de salir he revisado un recorte de prensa atrasado sobre el proyecto de regeneración de la playa d Corinto y adyacentes. También los ecologistas acusaron a la Dirección General de Costas de hacer copia-pega, y se dieron cuenta porque el informe técnico utiliza como justificación los datos sobre dinámica litoral ¡EN TENERIFE!

El Subdelegado del Gobierno ha puesto en duda que la ley se estuviera aplicando retroactivamente. Le he puesto un ejemplo en el que la Dirección General de Costas se remonta al fin de la glaciación würm (hace 14.000 años) para justificar un deslinde, afirmando que en aquella época el deshuielo hizo subir el nivel del mar 30 metros, y por tanto que en aquella época el agua llegaba hasta un acantilado que hoy se mantiene totalmente seco y bastante alejado del mar.

Durante la reunión, y antes de que nos pusiéramos tensos, el Subdelegado del Gobierno ha hecho un discurso pedagógico sobre el modo en que se tramitan los deslindes y sobre las garantías de los ciudadanos, afirmando que éstos pueden presentar una propuesta alternativa de deslinde y además acudir a los tribunales. Era palabra por palabra lo mismo que dijo el otro día en una televisión. Después, en la comparecencia ante los medios de comunicación, ha vuelto a repetir exactamente el mismo discurso. Palabra por palabra. Conclusiones:

-Este señor no tiene ni idea de lo que está hablando.

-A este señor le han pasado un fax desde la Dirección General de Costas para que repita robóticamente un mensaje que no es más que pura teoría, me imagino que con la consigna de repetir esas ideas robóticamente y no salirse del guión.

Y ya está. Como le he dicho al Subdelegado, es una pena que en España hayamos perdido la capacidad de autodepuración desde dentro, y que tengamos que marcharnos fuera para que nos hagan caso. Pero la extraña actitud del gobierno, escondiendo la cabeza como los avestruces, creo que nos va a conducir por ese camino.

CRISTINA NARBONA Y EL HOMBRE DE CROMAGNON

@abogadodelmar

Tú dijiste:
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FARIDUDDIN ATTAR

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enero 20, 2008
Cristina Narbona se ha apresurado a salir al paso de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas, negando de forma tan rotunda como atolondrada que su Ministerio esté aplicando la ley retroactivamente.
Es una pena que no haya tenido la paciencia de leer antes mi Informe sobre aplicación abusiva de la ley, pero en todo caso con esas urgencias y esas declaraciones acredita ignorar lo que sucede en su propia casa, porque en este preciso momento tiene al menos un expediente en trámite en el que se está haciendo con luz, taquígrafos y solemnidad lo mismo que ella niega: “la ley de costas ha implantado un sistema de retroactividad global en lo que atañe al catálogo de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre”, declara ampulosamente el informe de un sesudo personaje de la Demarcación de Costas de Oviedo, en el empeño de justificar la apropiación de terrenos privados de Villaviciosa. Se trata del mismo sesudo personaje que en el mes de junio se puso a cavar en una zona boscosa de la playa de Otur y no dejó parar a los operarios hasta que, después de hacer un socavón de tres metros, dio con la arena de una duna ajena al paisaje, más fósil que un Tiranosaurius Rex, y más muerta que la momia de Tutankamon.
Sí, sí… la ley de costas se está aplicando retroactivamente, y mucho. Todo empezó con el desgraciado caso de Los Arenales del Sol, en Elche, cuando un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas al que nadie había invitado al guateque, se presentó por sorpresa en el acto del deslinde y tuvo la audacia de formular una propuesta de delimitación contraria a la del propio Jefe de Costas. Hasta el Abogado del Estado se quedó como la cera después de que el intruso comentó que en tiempos anteriores a la construcción de los edificios los materiales sueltos seguramente llegarían más al interior, y propuso pasar la línea por detrás de la urbanización. Con esto y con la sospechosa resignación del Jefe de Costas del momento, que encierra mundos enteros de misterios por descifrar, aquel señor abrió la puerta a la arbitrariedad que hoy vemos por cada esquina de España.
Un poquitín más tarde, el nuevo ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Alicante D. Angel Muñoz Cubillo, dio un enérgico impulso al expediente que concluyó con su feliz aprobación en 1.997, en una declaración, creo que inédita en España, según la cual toda la gran urbanización de diecinueve torres de apartamentos constituye dominio público.
Posteriormente sus méritos profesionales auparon a D. Angel Muñoz a la Dirección General de Costas, donde desempeñó diversos puestos, siendo hoy Subdirector General y funcionario de lo más influyente. Quizá se deba a su impulso la actual propuesta de deslinde de Playa Lisa y Gran Playa, en Santa Pola, que pretende repetir la experiencia de Arenales del Sol en un caso que por sus antecedentes podemos considerar idéntico. Y me caben pocas dudas de que es su impulso el que ha propiciado la aplicación retroactiva de la ley también en el deslinde de un tramo de la playa del Saler, donde todo iba bien hasta que llegó un oficio de la Dirección General de Costas en el que se ordenaba seguir el ejemplo de Arenales del Sol y comerse las construcciones, es decir, quitarles a los vecinos sus hogares y a los hoteleros sus hoteles.
Pero en fin. El caso más deliciosamente pintoresco proviene de la zona de la Bombilla, en la isla de la Palma, donde la Dirección General de Costas tuvo el detalle de aprobar un deslinde llevando la línea hasta el pie de un acantilado a donde el agua no llega ni en sueños, y sobre un terreno que no es playa ¿La razón? Según reza el ingenioso informe geomorfológico, al final de la glaciación Würm el deshielo produjo una subida de treinta metros del nivel del mar, y así se modeló el acantilado. Esto sucedió poco después de que se hicieran las pinturas rupestres de Altamira, hace aproximadamente catorce mil años, y en unos momentos en los que era relativamente reciente la aparición en la Dordoña francesa del hombre de Cromagnon.
¿Tendrá Cristina Narbona la bondad de admitir que se trata de una aplicación retroactiva, y mucho, de la ley de costas? ¿No les parece esto, más que materia propia del Boletín Oficial del Estado, un guión escrito para Gila? ¿Podría pronunciar justificadamente la palabra payasada para referirme a la motivación del deslinde de la Bombilla? Y una pregunta más, si no es abusar ¿No resulta inquietante que todo lo que les cuento se haya originado por culpa de la inexplicable, injustificada, rara y más que turbia intervención de un tercero extraño al asunto en el expediente de Arenales del Sol, un tipo al que nadie mandaba estar allí pero que tenía poder suficiente como para asustar al mismo Jefe de Costas de Alicante?
En todo caso, sepan que hoy no es prudente comprar una propiedad cerca de la costa, aunque no esté en primera línea, ni en segunda. La aplicación retroactiva de la ley, que es un hecho cotidiano, impide que usted llegue nunca a estar seguro de ser dueño de lo que ha comprado. Por todo el país se está recurriendo, con entusiasmo propio de secta religiosa, al mapa geológico para retrasar el deslinde. En cualquier momento un ingeniero trazará una línea sobre un plano, invocando algo que pasó en el Pleistoceno, cuando no estábamos allí para evitarlo, y usted lo perderá todo.
Uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Vladimir Illich Ulianov, dijo que hay muchas formas de equivocarse. Si yo digo que dos y dos son cinco, eso es una equivocación. Pero si digo que dos y dos son un candelabro, no cabe duda de que la equivocación es de otra dimensión. Esto es lo que le pasa a la Ministra. Hay también muchas formas de hacer el ridículo, y ella, con sus prisas, ha elegido la suya.

José Ortega
Abogado

CARTA DE LA PLATAFORMA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

@abogadodelmar

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Sr. Presidente:

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de aprobar de un tirón nada menos que veintiocho deslindes costeros, entre ellos el de un tramo del Saler (Valencia), que incorpora al dominio público el hotel Sidi Saler y la urbanización Casbah. Se trata de edificios que no solamente son legales, sino que fueron construidos siguiendo los planes urbanísticos del propio Ministerio de la Vivienda.
El hecho resulta sorprendente al menos por dos motivos. Uno de ellos es que la decisión se dicta al poco tiempo de que por fin la sociedad española haya sabido reaccionar a los abusos de la Ministra Narbona y se haya organizado en una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que ha planteado con argumentos indiscutibles, y sobre todo honestos, un debate público sobre los límites de una aplicación razonable de la ley.
El otro es que esta aprobación masiva de deslindes se produce a poco menos de un mes de las próximas elecciones generales. Teniendo en cuenta el trauma personal que estas decisiones suponen para miles de familias españolas, choca que a la Ministra le haya dado el pronto justamente en estas fechas. Se trata de una medida que va contra el abc de la política, que consiste en que en periodos preelectorales hay que hacer y decir cosas dulces, inaugurar instalaciones y besar niños, al mismo tiempo que aplazar toda decisión que pueda alterar el humor de los votantes. Por ejemplo, quitándoles la propiedad de sus viviendas, que es lo que hacen los ingenieros de costas con sus deslindes.
Desde hace meses se dice que la Ministra Narbona no va a continuar en el cargo después de las elecciones, gane o pierda su partido. Se dice también que su Director General de Costas correrá la misma suerte. Se afirma que el partido socialista ya está harto de su forma de hacer política, especialmente política de costas. En este contexto, la extraña decisión de aprobar en plenas vísperas electorales no uno, sino veintiocho deslindes, parece un último acto de esa arrogancia que tan marcadamente caracteriza a la interesada. Pero esta chulería ya no va dirigida solo contra el pueblo de España, como ella suele hacer. También contra su partido.
Parece, pues, que se trata de una venganza, algo así como el último coletazo de un político agonizante y bastante cabreado. El Presidente del Gobierno haría muy bien en considerarlo así, y en tomar debida nota y actuar en consecuencia. Usted, Sr. Presidente, también recibió un ejemplar de nuestro Informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas. Léalo y alucine. O que se lo lean. Narbona debería de haberse alegrado de ser Ministra en un país donde la gente no es imbécil y puede mantener un pensamiento crítico. En vez de eso comenzó ninguneando a la Plataforma bajo pretexto de estar politizada, se enrocó en la evidente mentira de que ella no aplica la ley de manera retroactiva, y concluyó bautizándonos a todos (usted y su partido incluidos) con el chorro de agua fría de estos veintiocho deslindes que siembran la desgracia en multitud de familias.
Un ejemplo de los problemas que le va a causar a usted y al Estado el testamento político de esta señora: Acabamos de presentar una solicitud para que se declaren dominio público los terrenos dunares de la playa del Pinar, en Castellón. No se preocupe, con ello solo pedimos que se aplique la ley de costas con los mismos criterios que en el Saler, además de Arenales del Sol, Playa Lisa, Seselle, Otur y Villaviciosa, es decir, como en todo el resto de España. Cuando los afectados por el deslinde del Saler acudieron a hablar con el Subdirector General de Costas (por lo visto auténtico visir en la sombra e indiscutible caudillo de la aplicación retroactiva de la ley) éste les dijo que los problemas económicos, familiares o personales que originara la aplicación de la ley a los afectados del Saler no le importaban. Veamos qué dice ahora, cuando los problemas van a ser para el Estado, porque si se aplica la ley en la playa del Pinar con los mismos criterios que en el resto de España, la Administración tendrá que desmontar un parque litoral recién terminado sobre las dunas con dinero de la Unión Europea, devolver las cantidades recibidas y explicar por qué motivo las aplicó a una obra ilegal. Y no solo eso: deberá también el Estado retirar el planetario de Castellón, que también se construyó sobre el campo dunar, lo mismo que Narbona se empeña en decir del hotel Sidi Saler y la urbanización Casbah. Se trata solo de un pequeño ejemplo de lo que la Plataforma está dispuesta a hacer y puede hacer, simplemente porque la política de la Dirección General de Costas está plagada de contradicciones, puntos negros y vergüenzas, además de personas ineptas para entender en qué consisten la Constitución y los derechos individuales.
Convenga con nosotros en que la decisión de Narbona la transforma en un apéndice tumefacto que pronto se va a desprender del cuerpo –que se supone saludable- del partido socialista, y por favor haga algo para restaurar la dignidad de un Estado que hasta ahora ha forzado en las playas una política inaceptable.

QUEJA AL PARLAMENTO EUROPEO enero 30, 2008

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

30 DE ENERO DE 2008

parlamento-europeo

AL PARLAMENTO EUROPEO

COMITÉ DE PETICIONES

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, con despacho abierto en El Puig, Avenida de Valencia núm. 26 puerta 25 (46540 Valencia), de nacionalidad ESPAÑOLA, en representación de las siguientes personas físicas y jurídicas:

(…)

Todas estas personas son de nacionalidad española, excepto ………………….., de nacionalidad alemana. A los efectos del apartado 2 del artículo 191 del reglamento del Parlamento, no se hace constar el domicilio de estas personas porque comparecen bajo representación.

Comparezco y DIGO:

Que, mediante el presente escrito, FORMULO RECLAMACIÓN CONTRA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA POR APLICACIÓN ABUSIVA, ARBITRARIA Y RETROACTIVA DE LA LEY DE COSTAS DE 28 DE JULIO DE 1.988, VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE LIBRE ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS Y VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DOMICILIO.

Se acompaña a este escrito informe en lengua inglesa, extenso y motivado, bajo el título ABUSIVE APLICATION OF THE LAW OF THE COASTS. El informe es un estudio general y se refiere a una variedad de casos de aplicación indebida o abusiva de la ley. Los hechos que se denuncian están siendo objeto de escándalo, sufrimiento moral y económico y graves perjuicios no solo para ciudadanos españoles, sino también para otros ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 192 del reglamento del Parlamento Europeo, interesa a esta parte que por la comisión de peticiones se proceda a la creación de un registro electrónico a través del cuál los ciudadanos puedan sumarse a esta queja, así como el envío de miembros de la comisión a los diversos lugares donde han tenido o están teniendo lugar los hechos denunciados, a fin de comprobarlos.

Los hechos que se denuncian constituyen vulneración de las siguientes normas:

-Artículo 9, apartado tercero, de la Constitución Española, en un triple aspecto: a) En cuanto prohíbe la aplicación retroactiva de normas restrictivas de derechos b) En cuanto prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos y c) En cuanto garantiza la seguridad jurídica. Los hechos denunciados comprenden la aplicación retroactiva de la ley de costas y su reglamento, lo que violenta la seguridad jurídica y constituye una actuación arbitraria. A esto se suman otras acciones arbitrarias, como por ejemplo la aplicación de la ley con criterios opuestos dependiendo del caso de que se trate, o la negativa a reconocer determinados derechos de concesión, cuando los propietarios pierden su propiedad como consecuencia de un deslinde del dominio público.

-Artículo 14 de la Constitución Española, en cuanto garantiza a los ciudadanos la igualdad ante la ley, ya que se están produciendo aplicaciones de la ley de costas desiguales, incluso con criterios opuestos, en función de las conveniencias o el capricho de la Administración.

-Artículo 33, apartado tercero, de la Constitución Española, en cuanto se está dando lugar a expropiaciones sin indemnización y art. 17 apartado segundo de la Declaración Universal de los derechos del hombre, cuando garantiza que “Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Las actuaciones que se denuncian, y que conducen a la pérdida de la propiedad, tienen carácter arbitrario.

-Artículo 44, apartado segundo, letra e) del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en cuando se está restringiendo el derecho de los ciudadanos europeos a la “adquisición y el aprovechamiento de propiedades inmuebles situadas en el territorio de un Estado miembro por un nacional de otro Estado miembro”. La situación que se denuncia impide a los ciudadanos de la Unión Europea el aprovechamiento de las propiedades inmuebles que han adquirido en España.

El art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en relación con el art. 47 de la Constitución Española, en cuanto que los afectados por los hechos que se denuncian están siendo privados de los inmuebles que constituyen sus domicilios, lo que constituye el peor caso de injerencia. Los Tribunales de España interpretan este derecho en sentido amplio, considerando que el mismo queda violado incluso por la emisión de olores o ruidos molestos, por lo que nada se opone a la consideración como tal de esta injerencia extrema constituida por la privación arbitraria del domicilio propio. Ha de tenerse en cuenta que la aplicación de la ley de costas está llevando a que quedan privadas de sus viviendas muchas personas que han contraído una hipoteca, a veces por importes altísimos, para la adquisición de la misma. Después de aprobado el deslinde, perderán la propiedad y, si se cumplen las anunciadas intenciones de la Dirección General de Costas, las viviendas serán demolidas a cambio de una indemnización mínima, y probablemente ridícula, por el valor del ladrillo, con lo que los afectados se verán expulsados de sus viviendas pero deberán seguir pagando la hipoteca. Esto les impedirá la adquisición de una nueva vivienda y por eso, en la práctica, los hechos que denunciamos están impidiendo o van a impedir en muchos casos la mera posesión de un domicilio, lo que constituye desde luego una violación de derechos fundamentales. Interesa que se interprete la reclamación, por lo tanto, en este sentido, ya que en muchos casos el perjuicio no se queda en una lesión del derecho de propiedad, sino que alcanza al derecho a gozar de una vivienda digna.

En su virtud,

SOLICITO: Que, teniendo por presentado este escrito, junto al informe que se acompaña, lo admita a trámite, inicie la correspondiente investigación, enviando a España una comisión de parlamentarios para estudiar los hechos y reclamando las comparecencias que sean precisas, y dicte resolución por la que se declare que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de España está aplicando la ley de costas de manera retroactiva, arbitraria y abusiva, con perjuicio del derecho de propiedad, a la igualdad, al domicilio, a la seguridad jurídica y a la exclusión de la arbitrariedad.

Bruselas, 1 de febrero de 2008

ABUSIVE, ARBITRARY AND RETROACTIVE APPLICATION OF THE COASTAL LAW

@abogadodelmar

Tú dijiste:
– ¿Cuál es la señal del camino, oh derviche? – Escucha lo que te digo
y, cuando lo oigas, ¡medita!
Ésta es para ti la señal:
la de que, aunque avances,
verás aumentar tu sufrimiento.

FARIDUDDIN ATTAR

enero 30, 2008

parlamento-europeo-2
The National Platform of Those Affected by the Coastal Law has been established in Spain, consisting of some 2,000 persons affiliated with the following groups or associations:

Neighborhood Association of Arenales del Sol (Elche);

Neighborhood Association of Nules (Castellón);

Neighborhood Association of the Casbah (Valencia);

Sol Naciente Neighborhood Association (Albufereta, Alicante);

Hotel Sidi Saler (Valencia);

Oliva Neighborhood Association (Valencia);

Neighborhood Collective of the beach of las Deveses (Denia, Alicante);

Owners of Pepita Restaurant (Sagunto);

Varadero de Tazacorte Neighborhood Association (La Palma);

Bajo la Cuesta Neighborhood Association;

Risco de las Tablas Neighborhood Association (Tenerife);

Neighborhood Association of Otur Beach (Asturias);

Neighborhood Association of Almardá and Corinto Beaches (Sagunto, Valencia);

Alboraya Neighborhood Association (Valencia);

Neighborhood Association of the Port of los Molinos (Fuerteventura);

Neighbors of Puerto Lajas (Ferteventura);

Neighborhood Association of Guardamar (Alicante).

The aims of this platform are the unified defense against the abusive, arbitrary and retroactive application of the Coastal Law. Its first initiative has been to present a documentary report, created by attorney Jose Ortega, initially to the political parties and institutions of Spain, and later, before the European Union, in order to present complaints regarding the following deficiencies:

— Different application of the law depending on the party involved, specifically, rigorous application against owners of preexisting homes, but not against builders, developers, and businesses in general (the zone of influence, which limits new construction within a 500-meter strip, does not appear to be applied. For example: the vacation city of Marina d’Or, which violates the view restrictions of the Law with the knowledge and sufferance of the General Directorate of Coasts).

— Indifference to the disappearance of coastline and its effects on the public domain and property (the General Directorate of Coasts does nothing, or very little, when ports cause serious erosion of the coastline to their south, so that the sea is eroding not only beaches, but also cultivated lands. On the other hand, when a zone has been seriously eroded, first a demarcation is made that embraces land within it due to the advance of the sea, and only later is any attention given to the regeneration of the beaches. Example: El Brosquil, in Cullera).

— Arbitrary determination of the line of demarcation, with laxity of proof in administrative proceedings. (The geomorphology reports are made from maps. Those that affect Sidi Saler and the Casbah incorporate passages literally copied from a copyrighted web page. Some studies justify the demarcation as being the reach of storms and are determined by “direct observation.” Others allude to a survey among neighbors that is not even on record.)

— Approving demarcation in secret (dozens of demarcations have been decided by a procedure of ratifying an earlier demarcation, without the neighbors having been aware of either its existence or its approval, so that they have lost their property and not even known it. Examples: Barceloneta (Barcelona), Venecia Beach (Gandía), Almardá Beach (Sagunto), Otur Beach (Asturias).

— Abusive suspension of authorizations and concessions in the public domain while the demarcation is being determined. (The Demarcation of Coasts doesn’t permit owners to make minor repairs to their houses during the determination of the demarcation. This effect is foreseen in the law, but not for the extensive periods usually taken for the transaction, up to 10 years and sometimes as many as 18).

— Arbitrary use of administrative concessions (concessions are granted for uses prohibited by law, like a trade show in Vegadeo or the cultural forum of Barcelona).

— Refusal to recognize the right of citizens to an administrative concession of the First Transitory Disposition, first part, of the Coastal Law (although the Constitutional Court recognized this right for a wide spectrum of those affected by a demarcation, and although the coastal regulation mandates that the concession be granted if not opposed by interested parties, the General Directorate of Coasts does not respond to any request, condemning those affected to long sufferance in the courts).

— Abusive use of the process of possession recovery (this proceeding, intended under the law to apply to usurpers, that is, those who put a house in the public domain without any type of title, is being used against legitimate owners whose homes are inscribed in the Property Register, as well as to those included in the public domain as a consequence of a demarcation).

–Retroactive application of the law (geologic maps are used to determine the dune’s location in remote times and as criteria to determine the inner reach of the public domain. Three-meter holes are made in the forest to find dune fossils. The application of the law thus goes back 14,000 years, when the sea level rose due to the melting of the of the Würm glaciations. Examples: Villaviciosa, Otur, Seselle, the Saler, and La Bombilla).

–Different, even inverse application of the law as to criteria and effects, based on each individual case, creating terrible inequalities (the artificial fills placed on dunes or in channels, in some cases, were the basis for declaring lands as public domain, as in Vegadeo or Alboraya, but not in others, as in Candelaria. Artificial structures on the public domain do not determine its character in some cases, like that of Los Arenales del Sol, but in other cases do, as occurs whenever the General Directorate of Coasts constructs a maritime walkway on the sand).

***END SUMMARY***